Según narra la denuncia, desde el 19 de julio de 2024, al menos cuarenta y dos annoboneses han sido arrestados sin justificación legal tras manifestarse contra la explotación empresarial en la isla.

El manifiesto crítico, que denunciaba las explosiones utilizadas para la extracción de recursos minerales por la empresa SOMAGEC, desencadenó una ola de detenciones que, según el escrito, habrían incluido torturas, condiciones inhumanas y la privación de derechos legales fundamentales.

El documento presentado por Martínez Jiménez argumenta que estas detenciones constituyen graves violaciones de derechos humanos, incluyendo presuntas tortura y trato cruel.

En ese sentido, solicitó al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que active un procedimiento de urgencia debido a la gravedad de la situación y emita una opinión formal sobre la arbitrariedad de estas detenciones, de acuerdo con las normas internacionales.

La solicitud impulsada por las autoridades de la República de Annobón busca una respuesta internacional para proteger los derechos de los ciudadanos annoboneses afectados por el régimen ecuatoguineano.

Contexto histórico y político

La República de Guinea Ecuatorial, formada en 1968 tras la independencia de España, ha estado marcada por tensiones históricas y culturales entre sus diversas regiones. Bajo el régimen de Francisco Macías Nguema y su sucesor Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el país ha sido gobernado autoritariamente, con elecciones fraudulentas y una historia de represión y abuso.

Annobón, una isla alejada al sur de Santo Tomé y Príncipe, ha sido víctima de políticas de explotación y abandono por parte del gobierno central. La falta de infraestructura básica y el uso de la isla como vertedero de residuos tóxicos reflejan el desprecio hacia esta región periférica.

La protesta y la represión

El 17 de julio de 2024, ciudadanos de Annobón presentaron un manifiesto exigiendo la suspensión de las detonaciones relacionadas con la explotación minera. Las detonaciones, iniciadas en 2008, han causado daños significativos a la isla y se han visto acompañadas de retrasos y corrupción en los proyectos de infraestructura.

La respuesta de la dictadura de Obiang fue una dura represión. Las autoridades detuvieron arbitrariamente a los firmantes del manifiesto y enviaron fuerzas militares a la isla. Las detenciones se extendieron a Malabo y Bata, y el aislamiento de Annobón se profundizó con el corte de la cobertura telefónica e internet, generando decenas de condenas internacionales.

Los detenidos fueron ingresados inicialmente en centros de detención en Annobón y Malabo, donde enfrentaron falta de asistencia legal e incluso presuntas torturas. A pesar de las solicitudes de habeas corpus, no se les brindó acceso a un juicio justo y fueron privados de libertad sin acceso al juez competente, violando los plazos establecidos por la Constitución de Guinea Ecuatorial y normas accesorias.

En ese marco, vale destacar que, tras ser puestos a disposición judicial, se trasladó a los detenidos a prisión provisional en un vehículo común y sin ningún tipo de justificativo. La suspensión temporal de un abogado de oficio y la falta de garantías judiciales exacerbaron la arbitrariedad de la detención.

La falta de pruebas concretas y la prolongación de las detenciones sin base razonable refuerzan la caracterización de estas como arbitrarias. Las violaciones a derechos fundamentales, como la libertad de opinión y expresión, y la falta de garantías procesales, han sido ampliamente documentadas.

La detallada denuncia presentada por Aitor Martínez Jiménez es un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga y garantice la protección de los derechos de los ciudadanos annoboneses. Una vez más, la situación en Annobón subraya la necesidad de una respuesta global frente a la represión y las violaciones sistemáticas perpetradas por el régimen de Obiang.

Quién es Aitor Martínez Jiménez

Aitor Martínez Jiménez es un destacado abogado y académico especializado en derechos humanos y derecho internacional. Con una formación sólida en Derecho y Ciencias Políticas, Martínez ha ocupado roles cruciales en la defensa de los derechos fundamentales a nivel global.

Actualmente, es counsel en la Corte Penal Internacional y ha trabajado en casos de alto perfil como la defensa de Julian Assange y Hervé Falciani. Su experiencia incluye litigios internacionales significativos, como el procesamiento de la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial por delitos de lesa humanidad y la denuncia de crímenes de genocidio indígena.

Como profesor de Derecho en varias universidades y autor de publicaciones influyentes, Martínez ha sido un referente en la lucha contra la represión y la injusticia, destacándose por su compromiso con la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.