A raíz de la felxibilización de los sistemas de control, muchas zonas portuarias habían quedado susceptibles a ser captadas por las bandas delictivas, que no tardaron mucho en valerse de ellas. Así, la situación en estos lugares se había vuelto crítica evidenciando que no se trataba de un conflicto externo al país sino que ya estaba ocurriendo en el día a día, dentro de sus fronteras.

“Esta situación desembocó en un claro punto de inflexión en el ámbito de la seguridad ciudadana y del Estado”, aseguraron desde el Gobierno.

Es por ello que Peña dispuso una inversión de más de 90 millones de dólares durante los próximos años, destinados exclusivamente al fortalecimiento de la seguridad nacional.

A esta suma se adicionarán unos 40 millones que se asignarán a recursos humanos para la seguridad ciudadana y el orden público mientras que otros 9 millones irán a tecnología de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) junto con unos 200 millones más en inversiones de tecnología y recursos humanos para las fuerzas militares.

De esta manera, se espera dotar a todas las fuerzas de seguridad con tecnología y logística de último nivel, brindarle capacitaciones a todo el personal, mejorar las condiciones laborales, aumentar la cantidad de efectivos e, inclusive, prestar atención al cupo de género y promover la inclusión de las mujeres en el ámbito de la seguridad.

El compromiso de Peña con el fin del narcotráfico también quedó plasmado recientemente con un histórico operativo en el que se interceptaron 1.600 kilos de cocaína en una carga de almidón y harina. Según informaron entonces las autoridades, la sustancia estaba lista para ser embarcada desde el aeropuerto Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque y que sirve a Asunción, con destino a Países Bajos.

El estupefaciente estaba oculto en diez bloques de palé que, al abrirse, evidenciaban “que se respetaba un patrón” de 160 kilos de cocaína en cada uno.

“Esta operación generó la detección en un cargamento muy grande, de más de 10 palés, de cocaína pura que está contaminando cargas de almidón y harina de maíz”, declaró el ministro del Interior, Enrique Riera.

Por su parte, el propio Presidente lo describió como un “operativo histórico” y celebró el exitoso accionar de las fuerzas de seguridad.

“Este logro es el resultado del trabajo coordinado de todo el Gobierno del Paraguay, en colaboración con la DEA, demostrando nuestro compromiso con proteger a nuestra sociedad y combatir con firmeza el crimen organizado”, expresó entonces.

Gracias a ésta y otras maniobras, en los últimos ocho meses, el SENAD logró generar importantes perjuicios al crimen organizado. En este período, las fuerzas del orden erradicaron 1.048 hectáreas de cultivos de marihuana -una superficie suficiente para la producción de 3.100 toneladas de droga- mientras que las incautaciones totales de esta hierba, en diferentes presentaciones, ascendieron a los 217.554 kilos.

Así, sumando el potencial productivo de las tierras arruinadas y las sustancias ya listas, fueron sacados de circulación más de 3.361.000 kilos de droga, que se traducen a pérdidas de más de USD 100 millones para las estructuras narcotraficantes.

En tanto, en el mes de abril, junto con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, Peña declaró como “un capital estratégico regional” la libre navegación de los ríos Paraguay y Paraná y se comprometió a profundizar la cooperación para combatir el narcotráfico.

Los gobernantes ratificaron además su decisión de “profundizar la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y otros delitos conexos, que amenazan la paz y la seguridad” en la región.