La gestión del presidente brasileño Lula Da Silva no revisó este acuerdo al asumir el poder, lo que el gobierno paraguayo considera una contradicción. El presidente Peña subrayó que el proceso de negociación sigue su curso, aunque con altibajos típicos de cualquier negociación diplomática. Insistió en que la posición de Paraguay es firme en la defensa de lo que considera justo para el país.

Peña hizo hincapié en la importancia de volver a la "normalidad" en la gestión de la usina mientras duran las negociaciones. Recordó un acuerdo histórico de 2009 entre Lula Da Silva y el entonces presidente paraguayo Fernando Lugo, que estableció los parámetros que debían regir la gestión de la empresa binacional hasta el año 2023.

El presidente paraguayo acusó a los gobiernos de Abdo y Jair Bolsonaro de firmar un acuerdo que perjudicó los intereses de Paraguay y enfatizó la necesidad de revisar el contrato de inmediato. Lamentó que en los años 2022 y 2023, ambos gobiernos procedieran a revisar anticipadamente lo que se consideraba "normalidad", contraviniendo el acuerdo de 2009 y generando un perjuicio global para Paraguay.