La Constitución define al Estado paraguayo como unitario, indivisible y descentralizado, lo que implica ceder el poder administrativo respecto a los servicios sociales como la salud, la educación y otras áreas como la seguridad y las obras públicas. El senador colorado por Alto Paraná, Javier Zacarías Irún, defendió la descentralización y se sumó a las críticas contra el gobierno por el intento de traspasar la cuestión del alimento escolar al Ministerio de Desarrollo Social.

Sin embargo, Peña pausó de momento el Fonae y presentó este jueves una propuesta para reformar el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), a través del cual los gobernadores e intendentes costean la alimentación en los colegios. El programa "Hambre cero en las escuelas" estipula una inversión inicial de 270 millones de dólares para los territorios y mayores controles sobre la ejecución de los recursos.

"Creo que merece una modificación la ley de Fonacide. Sobre todo en lo que respecta a la transparencia. Existen quejas y denuncias como pruebas de corrupción en gobernaciones y municipios. Eso se debe perfeccionar. Pero existe una cuestión de fondo. ¿Centralizamos o descentralizamos? Yo estoy siempre a favor de la descentralización porque fue una lucha ciudadana y política de muchos años. No podés ceder esa lucha", apuntó Zacarías Irún.

"El control sobre la corrupción es mucho más eficiente que la centralización. No podemos ser partícipes de un retroceso. La descentralización ha funcionado en el Paraguay, pero lógicamente existen corruptos y malos manejos administrativos", dijo a este medio el senador.

César "Landy" Torres, gobernador del Alto Paraná, también se quejó por la falta de comunicación del gobierno central y cuestinó los planes de Peña de otorgar mayores facultades a Desarrollo Social. "Nosotros siempre apostamos por la descentralización. Oficialmente no tenemos ninguna comunicación oficial de parte del presidente", sostuvo. Después del cortocircuito, el presidente apareció con "Hambre cero en las escuelas".

El ministro de Educación, Luis Ramírez, explicó que el Ejecutivo se encuentra conversando con los sectores afectados por los cambios en el Fonacide y que el proyecto del Fonae centralizará los recursos relativos a la alimentación, aunque dejará las obras y kits escolares en manos de los departamentos e intendencias.

El presupuesto aprobado en relación con el alimento escolar es de 54 millones de dólares para escuelas con mayores necesidades. Dentro del plan del gobierno nacional, indicó el titular del MEC, se analiza la posibilidad de incluir uniformes para los colegios ubicados en zonas de extrema pobreza.

"A ellos (gobernadores e intendentes) tampoco les resulta rentable tener que dar de comer 30 días a un escuela y otros 30 días a otra. Ya no funciona ese mecanismo porque la ciudadanía reclama. De todas maneras se tendrá que cambiar lo que se está haciendo", aseguró Ramírez.

Pero el anuncio lo dio la jefa de gabinete, Lea Giménez, para buscar reducir las tensiones con los gobernadores y jefes comunales. "Lo que se busca es una versión mejorada que cierre esos problemas que se encontraron en la ley del Fonacide y que tengamos un Fonacide 2.0. La cuestión central es que necesitamos que nuestros niños reciban un nivel de nutrición adecuada", aclaró.

El nuevo programa prevé auditorías periódicas a cargo de la Contraloría y sanciones para los dirigentes que malversen los fondos. En la práctica, el "Fonacide 2.0" supone un revés del gobierno y un triunfo parcial de los gobernadores e intendentes, si bien el gobierno no descarta el Fonae y solo espera el momento para consumar la jugada, que esta vez deberá incluir una negociación con los afectados.