Cuando el Ejército y la policía entraron en Tacumbú a primera hora de la mañana fueron recibidos por disparos de armas automáticas. Mientras los uniformados recorrían los laberínticos pasillos de la prisión, donde cientos de personas duermen en el suelo del patio por falta de celdas, al menos 36 policías recibieron heridas de bala.

Pese a la resistencia armada de la docena de fieles a Rotela, los agentes entraron con gases lacrimógenos y disparos en el pabellón donde el líder se había atrincherado, armado con un cuchillo y rodeado de rehenes. Rotela mantenía su cuchillo apuntado al cuello de una mujer embarazada mientras negociaba con los agentes pero se rindió a los pocos segundos, según relataron policías que participaron en la operación.

Casi desnudos y esposados, cientos de internos fueron mantenidos por horas en el patio del penal mientras eran subidos a autobuses para ser trasladados a otras prisiones del país sudamericano. Rotela fue trasladado a una cárcel a unos 120 kilómetros de la capital.

Así ha resuelto el nuevo presidente Santiago Peña la crisis desatada en octubre con un motín que dejó a la mayoría de los guardias secuestrados dentro, durante varios días, en una de las prisiones más hacinadas del país. En Tacumbú, para dormir en una cama, tener una celda o habitación hay que pagar, pero no al Estado, sino a otros encarcelados, en connivencia con guardias y policías. Así es esta prisión, tan dividida en clases como la sociedad que la rodea, según las investigaciones del organismo estatal independiente Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.