Poca transparencia: Peña nombró al frente del Indi a una ex funcionaria investigada por corrupción
Esta semana, el presidente de la República, Santiago Peña, repartió cargos claves de su gabinete social, como lo son la presidencia del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), donde el primero fue para Francisco Ruiz Díaz López y el segundo para la polémica ex diputada y ex gobernadora Marlene Ocampos.
El Indert cayó en manos del ex titular del Servicio Nacional de Catastro (SNC) de la era Horacio Cartes, Francisco Ruiz Díaz López, quien fue titular de la SNC desde el 2015 y terminó renunciando, en el 2019, en medio de una crisis y tras varias denuncias con pedidos de su salida por parte de geógrafos, abogados y escribanos, quienes lo señalaron por supuesta gestión deficiente. También fue viceministro de Industria y es marido de la presidente de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), Stella Marys Guillén.
El Indi ahora está liderado por Marlene Ocampos, quien se desempeñó como gobernadora (2013-2018) y diputada del periodo anterior (2018-2023) del departamento de Alto Paraguay. La misma cuenta con varias denuncias en su contra por supuestas irregularidades bajo su administración en la Gobernación.
El Ministerio Público la investigó, en el año 2020, por un daño patrimonial de más de 1.000 millones de guaraníes, causa caratulada como lesión de confianza por presuntamente malversar fondos públicos en el ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016.
La fiscala del caso fue Liliana Alcaraz, quien ahora es la nueva ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), quien inició la investigación a partir de un informe final de la Contraloría General de la República (CGR), donde saltaron los presuntos millonarios desvíos de fondos.
En el 2018, el ex contralor general de la República, José Enrique García, realizó una denuncia formal sobre lesión de confianza con base en expedientes de auditoría sobre Ocampos. La diputada había logrado postergar una audiencia indagatoria sobre supuestos hechos de corrupción y se desconoce cómo quedó la causa.
El 8 de julio de 2020, el contralor Camilo Benítez Aldana notificó a Marlene Ocampos sobre el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), que corresponde a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, donde se hallan otros millonarios faltantes, sumando así unos 3.400 millones de guaraníes, a los 1.000 detectados previamente.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra que en el ejercicio fiscal 2014 la Gobernación no pagó por el almuerzo escolar, donde se debió utilizar recursos del Fonacide. También abonó la suma de 59.171.037 guaraníes por cantidades de obras no ejecutadas del comedor escolar con cocina de la Escuela San Miguel Arcángel de Fuerte Olimpo y otros 53.235.035 guaraníes en una obra similar en la Escuela Adolfo Rojas Silva de Bahía Negra.
Además, figuran la emisión de cheques sin respaldo documental por valor de 51.000.000 guaraníes y la falta de rendición de cuentas de una transferencia de 915.885.817 en conceptos de aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro y el pago 17.478.000 guaraníes en el mismo concepto, pero no hay documentos de respaldo.
De igual manera, se detectó una baja ejecución del presupuesto del Fonacide destinados a proyectos de infraestructuras en educación, donde solamente el 43,72 por ciento fue ejecutado de los G. 2.202.424.876 en este concepto.
Todo esto menciona el informe final de CGR sobre la auditoría del ejercicio fiscal 2014 y 2015. También se encuentra lo que corresponde al ejercicio fiscal 2017 y 2018, que también cuenta con una serie de faltantes y obras inconclusas, que comprometen a la ex diputada en los indicios de comisión de hechos punibles por malversación de fondos públicos.
Seguí todas las noticias de NOVA Paraguay en Google News
