El tributo fija un monto de 1,47 dólares por tonelada de registro neto en el peaje del tramo norte de la vía navegable troncal conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay.

Por su parte, el presidente electo Santiago Peña, planteó su disconformidad a Alberto Fernández en le encuentro que mantuvieron en Buenos Aires el pasado 28 de mayo. "Para el Ministerio de Transporte es un pago por el servicio de dragado y balizamiento, pero para los paraguayos es un tema que los perjudica mucho a ellos", explicó en ese momento una fuente al tanto de esa discusión.

El canciller paraguayo fue contundente y sostuvo que "el Paraguay no está sólo en el reclamo contra Argentina por el injustificado peaje fluvial establecido en la hidrovía, por eso con los vecinos miembros del Mercosur y Bolivia, se agotarán las instancias jurídicas y políticas para revertir la actitud arbitraria".

"La instancia siguiente es el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, que es un comité más político. Si no llegamos a un acuerdo en esa instancia iremos al arbitraje, esa es la siguiente escala en este punto", continuó.

Según la prensa local, el próximo Canciller Rubén Ramírez Lezcano participó de la reunión marcando una continuidad de la política a partir del 17 de agosto que asuma el nuevo gobierno. En diálogo con LPO, Lezcano no solo confirmó su presencia sino también que dijo que "la idea es seguir en el mismo sentido" planteado por el ministro saliente.

"Estuvimos hablando con los colegas de que existen otras posibilidades. Podríamos llevarla a la Organización Mundial de Comercio (OMC) y otros foros también, lo que sí, en todos los foros, sea Mercosur, Parlasur, tenemos una hoja de ruta y en todos los foros vamos a llevar la voz de Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil", manifestó Arriola.

La semana pasada fueron retenidos dos buques remolcadores por la Justicia argentina por la falta de pago de la tasa impuesta por el Gobierno en sus aguas jurisdiccionales en el río Paraná. Ante esto, el empresariado paraguayo y el gobierno afirmó que "Argentina representa un hecho grave y marca un precedente nefasto para la navegación en la región por la hidrovía". "Argentina no logró demostrar la prestación de un servicio que demande el pago de alguna tasa por el mismo, por lo que se derivó las negociaciones al plano político de la comisión sobre el acuerdo de la hidrovía", agregaron.

El Congreso también prepara un pronunciamiento. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó que rechazarán la retención del buque de bandera paraguaya, al que exigieron un arancel que también considera ilegal.

Por su parte, el Senado tratará un proyecto de declaración que recuerda a la República Argentina la vigencia plena del acuerdo de "Santa Cruz de la Sierra" de transporte fluvial por la Hidrovía Paraguay - Paraná y requiere la suspensión inmediata del cobro de peaje fluvial por transgredir normas de orden jurídico internacional.

Consultados por el medio LPO, el gobierno argentino (la Cancillería y el Ministerio de Transporte) aseguró que está trabajando en ampliar la información del sustento técnico del cobro de la tasa tal como acordó el embajador Domingo Peppo en la reunión con el canciller de Paraguay.

En el gobierno hubo sorpresa por el tono de la declaración de Paraguay, ya que, contradice lo plasmado en el comunicado oficial de la cancillería paraguaya que destaca que la controversia se encuentra en instancias del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, cuya próxima reunión está prevista para el 30 de agosto.