“Muchos de esos proyectos no son útiles o son inaplicables en la práctica, terminando en la sola acumulación de papeles y, por supuesto, llevando gran parte del presupuesto de dichos proyectos”, expresa parte del documento.

El diputado Ortíz propone que los servidores públicos, capacitados en las diferentes disciplinas, sean los encargados de realizar el asesoramiento pertinente. “Es sumamente importante tomar conciencia de esta realidad, por lo tanto este proyecto apunta a solucionar el derroche del dinero público en consultorías, que no son otra cosa que actos salpicados con acuerdos de corrupción”, asegura el legislador.

La iniciativa prohíbe la contratación de consultorías a los organismos del Estado, a menos que sea una exigencia del proyecto, en cuyo caso, podrán contratar, en forma excepcional, servidores de otras instituciones que tengan el conocimiento profesional para realizar la tarea.

Se faculta, para tal efecto, a la Secretaría de la Función Pública elaborar un listado de profesionales para las diferentes asesorías, cuya cooperación se efectivizara con notas entre la institución requiriente y la entidad a la que pertenece el funcionario.

El funcionario afectado podrá hacer el trabajo de asesoramiento dentro de la misma institución a la que pertenece o en la institución requiriente, bajo la figura del “comisionamiento”.

Se establece, igualmente, que el Poder Ejecutivo reglamente la aplicación de la presente ley dentro de los 90 días de haber sido promulgado.