Votaron a favor del pedido de Jalil, Gladys Bareiro de Módica, Antonio Fretes, Miryam Peña y Benítez Riera, mientras que César Garay Zucolillo.

Llama la atención la pasividad de las organizaciones de DDHH vinculadas al caso ante semejante afrenta a la memoria de las víctimas, que parecen más preocupadas por armar un guión que permita conseguir fondos para un próximo documental que por hacer justicia en el caso.

Nada se sabe de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales presentada por la Plataforma de Estudio e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC) y “cajoneada” por Jalil Rachid, quien el 9 de octubre de 2012 recibió en mano toda la documentación que respaldaba la grave denuncia.

Un "cachetazo" a la ciudadanía a tres días de haberse cumplido un nuevo aniversario de la masacre que enlutó al país.

Los antecedentes

Rachid saltó repentinamente a la fama cuando con solo tres meses como fiscal fue nombrado por el hoy procesado y detenido exfiscal general, Javier Díaz Verón, para investigar los luctuosos sucesos.

Su desempeño fue duramente cuestionado por organizaciones nacionales, internacionales e incluso países como Estados Unidos y Alemania que pidieron en reiteradas ocasiones al Gobierno paraguayo que lo apartara de la causa y abriera una nueva investigación “objetiva, imparcial e independiente” que condujera al esclarecimiento de lo hechos.

El caso fue tan grotesco que por primera vez un alto comisionado para los DDHH de Naciones Unidas se pronunció públicamente al respecto.

La condena dictada en 2016 contra los 11 campesinos procesados por la masacre en base a la “investigación” llevada adelante por el fiscal Jalil Rachid fue anulada por la Sala Penal de la Corte en 2018. Los magistrados alegaron “vicios” en el proceso y admitieron que no se pudo probar a la participación de los acusados en los hechos investigados.

En su momento, Jalil Rachid consideró que la absolución de los condenados por la causa fue una “canallada jurídica”.

Durante el proceso fue recusado en varias oportunidades y con sobrados motivos pero fue respaldado una y otra vez por la mimsa "rosca" que hoy lo trata de "blanquear".

La masacre se registró el 15 de junio del 2012, durante un desalojo “disfrazado” de allanamiento en el que murieron 17 personas, 11 campesinos y seis policías. El hecho derivó en la destitución del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, por la vía del juicio político.