Los campesinos exigen que las tierras hoy explotadas por la familia Riquelme sean recuperadas y posteriormente otorgadas a sujetos de la Reforma Agraria.

"Nosotros no tenemos ningún diálogo con el Gobierno para que nos realojen. Somos campesinos sin tierras, familiares de las víctimas y de los acusados de la masacre de Curuguaty. Queremos libertad para los presos y tierras para poder trabajar", expresó a Efe Mariano Castro.

Otros dos de sus hijos, Néstor y Adalberto, permanecen en prisión domiciliaria y están siendo juzgados en relación con la muerte de seis policías durante la masacre, que en 2012 provocó además a la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.

Castro explicó que el estatal Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) llegó a un acuerdo para reubicar a algunas de las familias que "viven junto a la ruta, enfrente de los terrenos de Marina Cué", pero precisó que estos campesinos "llegaron hace un año, mucho después de la masacre".

"Al principio fueron nuestros compañeros, pero luego armaron otra comisión y se pusieron a negociar con el Indert", dijo Castro.