El documento, de unas 90 páginas, resume el trabajo realizado durante poco más de tres meses y hace énfasis en “la necesidad de una fuerte defensa de las tierras públicas”.
Tras reunirse con el titular del Ejecutivo, el interventor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Emilio Camacho, hizo un repaso de los principales aspectos abordados durante su gestión y que se recogen en el dossier entregado a Fernando Lugo. Advirtió nuevamente sobre la “debilidad” del Instituto y el “terrible tráfico” que han sufrido las tierras del Estado, a lo largo de décadas.
Al asumir que el INDERT es objeto de una “terrible presión política porque administra la principal riqueza del Paraguay, las tierras públicas”, Camacho informó que el trabajo realizado se resume, precisamente, en la “necesidad de una fuerte defensa de las tierras públicas. Por tanto, nuestra primera recomendación es constituir un sistema institucional que permita su protección, algo que no ha sido posible hasta ahora por la falta de estructura del INDERT”.
Recuperación de 80.000 hectáreas
Al considerar como “positivo” el trabajo desarrollado, evaluó como un logro significativo la recuperación “efectiva” de unas 80.000 hectáreas en la región Occidental. Aclaró que “recuperación efectiva” significa que se trata de tierras que en su mayoría aún no se vendieron, “por lo cual revocamos las resoluciones de adjudicación o suspendimos sus efectos para un mejor análisis de cada caso, de manera a identificar situaciones en donde se pudo haber violentado la ley o las reglamentaciones del INDERT, como las adjudicaciones que se han dado a prestanombres, algo muy difícil de combatir, casi imposible”, se quejó.
Con relación a la situación de las más de mil colonias que posee el Instituto en todo el territorio, explicó que requieren un “apoyo puntual y preciso en materia de infraestructura” para superar la práctica de crearlas y abandonarlas. “Solamente con la presencia efectiva del Estado se puede garantizar la realización de la Reforma Agraria”, subrayó. Para ayudar al cumplimiento de ese objetivo, argumentó la necesidad de crear unos “fondos especiales”, con recursos financieros de las binacionales Itaipú y Yacyretá.
En este punto, dijo también que se debe realizar “en la brevedad” un censo de las colonias para conocer con exactitud la situación de cada una. “Esta tarea la podemos en unos 3 a 5 días, en coordinación con la dirección de Estadísticas y Censos y el Ministerio de Agricultura y Ganadería”, agregó.
Como propuestas orientadas a atacar los problemas estructurales que determinan la situación de tenencia de la tierra, habló de promover una ley para limitar la superficie de los lotes adjudicados, sobre todo en la zona del Chaco. “Creemos que es momento de estudiar como todos los países del continente una ley que reglamente la extensión máxima de las tierras que pueda tener una persona física o jurídica, fundamentalmente porque el Paraguay es para todos los paraguayos, no para uno o dos”. En esa línea, dijo también que se debe establecer un nuevo sistema para determinar el costo del impuesto inmobiliario, al tiempo de opinar que para la compra de tierras resulta vital liberar al INDERT del sistema de Contrataciones Públicas.
Finalmente, comunicó que la intervención inició demandas importantes de desalojo tanto en la región Oriental como en la Occidental, en los casos de la colonia Puente Kyha, en Canindeyú, y en las colonias situadas en la propiedad de Antebi Cué.
Por ultimo, afirmó que el INDERT requiere de una “fuerte presencia” en el Chaco, donde “tenemos más de la mitad del territorio nacional y aún existen muchas tierras públicas que pueden protegerse. Planteamos crear una oficina en Filadelfia, otra en Fuerte Olimpo y otra en Benjamín Aceval”.
