Cuatro de los varios sanitarios de madera con techo de zinc y piso de losa, que se están construyendo en un predio de 102 hectáreas, para la próxima mudanza de familias de Ñacunday, quedaron reducidos a cenizas.

El atropello se produjo alrededor de las 04:00 horas de la madrugada, por parte de personas desconocidas, indica el informe policial.

El reporte señala que a esa hora, efectivos policiales que se encontraban de guardia en las inmediaciones de la propiedad, se percataron del hecho al observar las llamas que provenían de unos 2 mil metros del lugar y en compañía del personal militar de guardia se constituyeron en el lugar para constatar lo ocurrido.

Los uniformados encontraron cuatro letrinas de madera totalmente consumidas por las llamas. Aparentemente, las nuevas construcciones fueron rociadas con combustible y luego incendiadas, indica el informe. Dos letrinas más fueron derrumbadas y no pudieron ser quemadas, agrega.

Los baños quemados por los desconocidos se encuentran en un lugar oculto por la plantación de maíz, explicaron los intervinientes.

Los supuestos autores, al percatarse de la presencia policial-militar, se dieron a la fuga hacia un monte lindante con el lugar, señala el informe policial. Se trataría de pobladores de la zona, indica.

El hecho fue comunicado al asistente fiscal de turno, Luís Alberto Díaz Colina, del Ministerio Público con sede en Minga Porâ.

Este no fue el primer atentado contra la propiedad recuperada por el Estado, en Santa Lucía. Anteriormente, el domingo 4 de mayo de este año, también desconocidos procedieron a quemar llantas sobre el puente que cruza el arroyo Zanja Hû, vía de acceso a la colonia. Aquel primer hecho buscaba frustrar el traslado de 50 voluntarios sintierras de Ñacunday que debían iniciar la construcción de las mejoras en su futura comunidad.

Proyecto

Santa Lucia, es una propiedad del INDERT, recientemente recuperada. Tiene 3160 hectáreas que se encontraban ocupadas y explotadas con cultivos extensivos mecanizados por brasiguayos, sin pagar por la propiedad del Estado, y donde el INDERT resolvió reubicar a los campesinos sin tierras de Ñacunday que acampan bajo carpas desde hace 12 años.