Las escuelas que reciban aportes del Estado deberán ir disminuyendo gradualmente el financiamiento compartido (Copago), hasta eliminarlo completamente y pasar a ser gratuitas. Para esto, el Estado irá incrementando progresivamente la subvención escolar.

Por otro lado, el proyecto de ley establece que se terminará con el ingreso seleccionado por razones socioeconómicas, étnicas y culturales, en todos los establecimientos educacionales que reciban subvención estatal.

"Con este proyecto de ley se iniciará un proceso de transformación profunda a nuestro sistema educacional, ya que se pasará de una educación que se ve como un bien de consumo a uno que lo percibe como un derecho básico. La educación es un derecho, no un privilegio", destacó la presidenta.

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, remarcó que "no se está haciendo ninguna revolución que lleve hacia un terreno desconocido", porque estas prácticas de "selección, de lucro, de financiamiento compartido, fueron abandonadas en todos los países desarrollados hace décadas".

A su vez, la bancada estudiantil parlamentaria conformada por Camila Vallejo (Partido Comunista), Giorgio Jackson (Revolución Democrática) y Karol Kariola (Partido Comunista) celebraron el proyecto, pero pidieron tiempo para analizar en profundidad la "letra chica" del documento.

Jackson señaló: "Estas son cosas que hemos luchado por mucho tiempo, pero quiero ver los proyectos en específico”, y añadió: “Las transformaciones son necesarias pero no suficientes. Creo que es necesario seguir presionando para que los proyectos que se vienen tengan la participación de los actores de la sociedad civil y puedan ser construidos de manera colectiva en el Parlamento”.

En tal sentido, el vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes, solicitó el documento completo para "estudiar los alcances en conjunto con la mesa directiva y dar a conocer durante las próximas semanas las recomendaciones que se consideren necesarias".

Palos en la rueda

Sin embargo, el anuncio de Bachelet fue rechazado de plano por los parlamentarios opositores, que consideraron al proyecto "un atentado" a la diversidad de proyectos educativos en Chile.

"Es una reforma que no apunta a la calidad; es sólo un control estatal de la educación que tiene prioridades equivocadas", consideró el senador Andrés Allamand, de Renovación Nacional.

En la misma línea, la también senadora Ena Von Baer, de la Unión Demócrata Independiente, apuntó que "ninguno de los planteamientos abordados por la Presidenta tiene una relación a mejorar la calidad de la educación".

"No se dijo nada de la educación pública y la única mirada de la reforma es terminar con la educación particular subvencionada, lo que quita otra opción de proyecto educativo", reprochó.

La jefa de Estado, firme

Teniendo en cuenta las polémicas que generaría el proyecto, tras la presentación, Bachelet pidió un debate con altura para sacar adelante la iniciativa, entendiendo que “estos son temas en que puede haber distintas opiniones en la sociedad y que es importante que se debatan”.

“Por eso va al Parlamento, que es una instancia donde se va a debatir y probablemente se va a recibir en audiencia a muchas personas, pero quiero pedir que hagamos un debate con altura y poniendo sobre cualquier consideración el amplio acuerdo que tenemos como sociedad de que la educación en Chile requiere de cambios profundos", aseguró.

La reforma constituye uno de los pilares fundamentales de las promesas electorales con las que Bachelet volvió este año a la jefatura del Estado chileno, cuatro años después de haber terminado su primer mandato, y será seguramente el eje de su mensaje anual al parlamento, este miércoles, durante la "Cuenta Pública".

En ese discurso, la mandataria exhibirá el estado de sus principales políticas, luego de haber prometido 50 medidas para los primeros 100 días de su gobierno, iniciado el 11 de marzo pasado, y haber ejecutado la mitad de ese compromiso en menos de 70 días.